Hace unos días, circuló en las redes sociales una noticia sensacionalista relacionada con la ciudad de Ohangaron.
En ella, un grupo de adolescentes afirmaba que un agente de la patrulla de seguridad pública (PPX) había llevado a una menor de 14 años y a su amiga a una zona montañosa para cometer actos inapropiados contra ellas.
Esta denuncia atrajo la atención de la opinión pública y rápidamente se convirtió en el centro de un intenso debate.
Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior anunció ese mismo día el inicio de una investigación. Asimismo, se informó que el agente mencionado en las publicaciones fue suspendido temporalmente de sus funciones.
En el comunicado oficial se subrayó que, de confirmarse los hechos denunciados, se aplicarían medidas legales estrictas, incluida la responsabilidad penal.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. El 2 de mayo, el servicio de prensa de la Dirección General de Asuntos Internos de la región de Taskent presentó nueva información sobre el caso.
Según esta, el joven de 18 años que acusó al agente de la PPX y dos de sus coetáneos fueron declarados culpables de infringir los artículos 183, 194 y 195 del Código de Responsabilidad Administrativa.
De acuerdo con la decisión judicial, el Tribunal de lo Penal de la ciudad de Ohangaron los condenó a 7 días de arresto administrativo. Según las autoridades, durante el proceso de investigación, el joven admitió plenamente sus actos.
El portavoz de la Dirección General de Asuntos Internos de la región, Bobur Toʻlaganov, señaló que los testimonios de los participantes y testigos, así como los resultados de la investigación, demostraron que dichas acusaciones carecían de fundamento.
El joven que presentó la acusación admitió su error en su declaración. Según afirmó, en el video que difundió anteriormente acusó injustamente al agente de la PPX y reconoció que dicha acción fue incorrecta.
Al mismo tiempo, se informó que, al ser citado al edificio del Departamento de Asuntos Internos, también fue acusado de desobedecer las exigencias legales de los agentes y de provocar un altercado en el lugar.
Además, continúan las investigaciones en su contra por los casos de desprestigio intencionado a los agentes de las fuerzas del orden, difusión de información falsa a través de internet y daños a un vehículo en grupo.
Este suceso demostró una vez más lo peligroso que es confiar en cualquier información que circula en las redes sociales sin verificarla. Por su parte, las fuerzas del orden han reafirmado su postura firme en la adopción de medidas legales ante este tipo de situaciones.
