En un momento en que nuestro país libra una lucha implacable contra la corrupción y pone fin a la venta ilegal de tierras estatales, se han descubierto importantes actos delictivos en el valle. Durante una serie de medidas operativas llevadas a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado (DXX) en la región de Andijón, varios funcionarios que vendían tierras en secreto y preparaban documentos falsos fueron capturados con las manos en la masa.
El precio de la tierra junto al canal: una «comisión» de más de 40.000 dólares
El primer caso impactante ocurrió en el sistema de gestión del agua. Se reveló que el jefe de la 3.ª sección hidráulica del 2.º departamento de Shahrijón, dependiente de la Administración Principal de Operación de Canales del Valle de Ferganá, abusó de su cargo oficial. Se ganó la confianza de un ciudadano local que quería iniciar un negocio ganadero y le ofreció un lugar en la zona de protección especial del Gran Canal de Ferganá, un terreno vacío de 30 sotikhs, prometiendo formalizar un contrato de arrendamiento a largo plazo.
Sin embargo, a cambio de este «servicio», exigió un soborno en efectivo de 40.500 dólares estadounidenses. El funcionario corrupto fue capturado en el lugar por agentes del DXX y del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General justo cuando recibía la primera parte del dinero solicitado, que ascendía a 20.000 dólares, en efectivo.
La cadena criminal y el «negocio» del director de la escuela
Las investigaciones operativas revelaron que un grupo de personas estaba detrás de este esquema ilegal. Resultó que otro jefe de departamento de alto rango de la Administración de Canales del Valle de Ferganá estaba directamente involucrado en esta cadena criminal. Fue capturado por el DXX mientras recibía su parte del dinero acordado, que ascendía a 3.000 dólares, de su cómplice. El caso no terminó ahí: un empleado común de la misma sección hidráulica, que actualmente utilizaba el terreno bajo un arrendamiento oficial, también exigió a la víctima, a cambio de renunciar a la tierra y transferirla al nuevo comprador, la suma adicional de 19.000 dólares. Se determinó que había exigido esta suma.
Otro caso de fraude y corrupción fue expuesto en el distrito de Oltinkol. El director de una de las instituciones educativas locales (escuela o universidad) también participó en el tráfico de tierras. Exigió un enorme terreno de 1,1 hectáreas, que estaba bajo la gestión de la institución y destinado a la futura construcción de un edificio o campo deportivo, a cambio de certificar (firmar) los documentos de transferencia a otra persona, 15.000 dólares estadounidenses. El director de la institución educativa fue arrestado por las fuerzas del orden mientras recibía 10.000 dólares como soborno del comprador, y fue esposado.
Actualmente, se han iniciado causas penales por ambos incidentes expuestos en virtud de los artículos pertinentes del Código Penal de la República de Uzbekistán, y las investigaciones se llevan a cabo con gran rigor. Los funcionarios corruptos que saquearon la propiedad pública pronto responderán ante la ley.
¿En su opinión, el endurecimiento de las penas para los funcionarios que intentan vender ilegalmente tierras estatales y públicas ayudará a erradicar por completo la corrupción en este sistema?
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