De acuerdo con el decreto PF–62 adoptado por el presidente Shavkat Mirziyoyev el 16 de abril de 2026, se han introducido cambios y adiciones importantes en una serie de documentos normativos y legales. En el marco de estas novedades, se han implementado nuevas garantías sociales destinadas a apoyar a los familiares de los ciudadanos fallecidos en las operaciones militares en Afganistán.
En particular, se ha establecido que el Estado cubrirá una parte de los gastos de servicios comunales de vivienda para los padres y cónyuges (viudas) de los militares pertenecientes a esta categoría. El objetivo es aliviar la carga económica diaria y elevar el nivel de protección social de estas personas.
Esta decisión se valora como una continuación de las medidas de ayuda integral dirigidas a los sectores socialmente vulnerables de la población. Al mismo tiempo, sirve para fortalecer aún más el cuidado y la atención brindados por el Estado.
Según los expertos, este tipo de beneficios tienen una importancia significativa no solo como ayuda material, sino también como apoyo moral. A través de esta iniciativa, el Estado demuestra una vez más en la práctica su responsabilidad ante sus ciudadanos.
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