La Fiscalía General de Irán ha tomado una decisión estricta respecto a sus ciudadanos que viven en el extranjero y apoyan las políticas de EE. UU. e Israel contra el Estado iraní. Según el comunicado oficial, se confiscarán todos los activos dentro del país pertenecientes a iraníes que cooperen con estos países o aprueben sus acciones. Los representantes de la fiscalía declararon que esto es solo el comienzo y que en el futuro se tomarán medidas legales más estrictas dentro del marco de la ley.
Según Reuters, actualmente unos 5 millones de iraníes viven fuera de Irán. La mayoría de ellos se encuentran en EE. UU. y países de Europa Occidental, y muchas figuras destacadas critican duramente a los líderes iraníes a través de las redes sociales. En particular, apoyan abiertamente las operaciones militares de EE. UU. e Israel, oponiéndose a la política oficial de Teherán.
Tras las protestas masivas que comenzaron dentro de Irán, los miembros de la diáspora iraní en el extranjero también se han vuelto activos. Salen regularmente a las calles de ciudades estadounidenses y europeas para mostrar su apoyo a los manifestantes en su tierra natal. El Teherán oficial considera tales acciones como una amenaza a la seguridad del Estado. Esta nueva decisión gubernamental se considera el siguiente paso destinado a presionar a los ciudadanos de la oposición en el extranjero y limitar sus capacidades financieras.
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