Cientos de empresas quiebran en Estonia: se pierden millones de euros

En Estonia, los casos de insolvencia, es decir, quiebras, entre las empresas y la población han aumentado drásticamente en los últimos años. Así lo informó Signe Viimsalu, jefa del Servicio de Insolvencia del país, en una carta oficial enviada al primer ministro Kristen Michal.
Viimsalu destaca que el aumento a gran escala de las quiebras puede tener un impacto grave no solo en la economía, sino también en la estabilidad social y el funcionamiento de las instituciones estatales. En su opinión, este proceso también representa un riesgo para la seguridad interna del país.
Según los datos, en los primeros seis meses de 2026, los acreedores no pudieron recuperar más de 50 millones de euros debido a 126 empresas en quiebra que no poseían activos. A modo de comparación, durante 2025, el número de tales empresas fue de 192, causando pérdidas financieras de casi 74 millones de euros. Esto supone un aumento del 52% respecto al año anterior.
Actualmente, la deuda media impagada de cada empresa en quiebra sin activos ha alcanzado los 400 000 euros. Hace tres años, esta cifra era inferior a los 100 000 euros. Los expertos señalan que, en muchos casos, los acreedores no logran recuperar sus fondos en absoluto.
Las consecuencias de las quiebras también afectan al presupuesto estatal. En particular, en 2025, el Fondo de Seguro de Desempleo pagó más de un millón de euros en indemnizaciones a los empleados de empresas sin activos. Sin embargo, la legislación vigente no permite recuperar estos fondos de los directivos de las empresas.
Según las estimaciones del Servicio de Insolvencia, el volumen de quiebras ocultas en el sector empresarial estonio ha alcanzado aproximadamente los 18 mil millones de euros. Signe Viimsalu advierte que esta situación podría provocar un aumento de la desigualdad social y la delincuencia, la desestabilización de empresas clave, el debilitamiento del sistema financiero, un mayor riesgo de influencias externas y una disminución de la confianza en las instituciones estatales.

















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