El Tribunal Supremo de EE. UU. anula el decreto de Trump sobre la ciudadanía

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no permitió la entrada en vigor del decreto del presidente Donald Trump destinado a limitar la concesión automática de la ciudadanía a algunos niños nacidos en el territorio del país.

Según la decisión adoptada el 30 de junio, el derecho a obtener la ciudadanía basada en el lugar de nacimiento está garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución de los EE. UU. Los jueces aprobaron la decisión por seis votos contra tres.

¿Qué contemplaba el decreto de Trump?

Donald Trump firmó el decreto sobre la ciudadanía tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Según el documento, no se otorgaría automáticamente la ciudadanía estadounidense a los niños cuya madre se encuentre en EE. UU. con un estatus ilegal o temporal, y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente.

Es decir, si ninguno de los padres fuera ciudadano estadounidense o poseedor de una «green card», la ciudadanía de un niño nacido en el territorio del país podría no ser reconocida por las agencias estatales.

Sin embargo, tras la firma de esta iniciativa, fue impugnada ante los tribunales por varios estados, defensores de los derechos y familias inmigrantes.

El Tribunal Supremo se basó en la Constitución

La mayoría de los miembros del tribunal subrayó que el decreto presidencial era contrario a la 14ª Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

Según esta norma constitucional, las personas nacidas en territorio de los EE. UU. y sujetas a su jurisdicción son consideradas ciudadanos estadounidenses. Esta regla se ha aplicado ampliamente desde finales del siglo XIX.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la decisión en nombre de la mayoría. El tribunal mantuvo el enfoque legal establecido en el caso Wong Kim Ark de 1898. Según este, casi todos los niños nacidos en EE. UU. adquieren la ciudadanía, salvo algunas excepciones como los hijos de diplomáticos.

La decisión fue aprobada por seis votos contra tres

Seis miembros del Tribunal Supremo apoyaron el mantenimiento del derecho a la ciudadanía por lugar de nacimiento. Tres jueces votaron en contra de la decisión.

De este modo, una de las iniciativas más polémicas de la administración Trump sobre la ciudadanía sufrió una grave derrota legal.

Anteriormente, en junio de 2025, el Tribunal Supremo no había emitido una decisión final sobre el contenido del decreto, sino que solo había limitado la facultad de los tribunales inferiores para aplicar prohibiciones en todo el país. La decisión del 30 de junio de 2026 versó directamente sobre la esencia del derecho a la ciudadanía.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La adquisición de la ciudadanía por nacimiento significa que una persona se convierte automáticamente en ciudadano de un Estado determinado en el momento en que nace.

En la práctica internacional, existen principalmente dos principios para determinar la ciudadanía.

Ius soli (Derecho del suelo)

Bajo el principio del «ius soli», la ciudadanía se determina según el lugar donde nació el niño.

Según el sistema vigente en EE. UU., un niño nacido en el territorio del país es generalmente considerado ciudadano estadounidense, independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio de sus padres.

Existen algunos casos excepcionales, como los hijos de representantes de estados extranjeros que gozan de inmunidad diplomática.

Ius sanguinis (Derecho de sangre)

Bajo el principio del «ius sanguinis», el criterio principal no es el lugar de nacimiento del niño, sino la ciudadanía de sus padres.

Este enfoque es el predominante en muchos países de Europa y Asia. Si uno o ambos padres del niño son ciudadanos de un Estado determinado, este adquiere la ciudadanía según lo establecido por la ley.

En Uzbekistán también es fundamental la ciudadanía de los padres para determinar la nacionalidad. El solo hecho de haber nacido en el territorio del país no otorga automáticamente la ciudadanía uzbeka en todos los casos.

¿Cuál será el destino de la iniciativa de Trump?

La decisión del Tribunal Supremo eliminó la posibilidad de aplicar el decreto presidencial. Ahora, un simple decreto presidencial no será suficiente para cambiar seriamente el sistema de ciudadanía por lugar de nacimiento.

Para ello, podría requerirse un proceso político y legal mucho más complejo, como la aprobación de una nueva ley a través del Congreso o una enmienda a la Constitución.

Por lo tanto, la práctica de otorgar la ciudadanía automática a los niños nacidos en EE. UU. permanece sin cambios por el momento.