Estados Unidos autoriza por primera vez a empresas privadas a realizar ciberataques

El Gobierno estadounidense ha tomado una decisión histórica que autoriza a empresas privadas sometidas a una investigación especial a realizar ciberoperaciones ofensivas contra grupos criminales internacionales y hackers. Según un nuevo memorando presidencial publicado por la Casa Blanca, esta medida permitirá a las agencias federales aprovechar las capacidades innovadoras del sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia. Techcrunch.com lo informa.

Según el documento, las empresas privadas participantes podrán realizar ataques destructivos destinados a eliminar datos o sistemas pertenecientes a delincuentes, así como recopilar inteligencia mediante programas espía. Estas medidas buscan proteger al Gobierno federal frente al chantaje, el fraude financiero y los ataques de ransomware a nivel federal.

Un giro radical en la política y la legislación

Según la información difundida por ixbt.com y otras fuentes, este cambio político representa un giro radical en la legislación federal estadounidense sobre el hackeo informático. Las normas anteriores prohibían estrictamente a las empresas privadas realizar cualquier ciberataque u operación de hackeo sin autorización judicial.

Durante las administraciones anteriores, el sector privado solo podía defenderse de los ciberataques entrantes y no tenía derecho a lanzar operaciones ofensivas como represalia. Sin embargo, el nuevo memorando cambia este enfoque y abre una etapa completamente nueva de cooperación entre los sectores público y privado.

Medidas de seguridad y condiciones

El programa aún se encuentra en su fase inicial, y su funcionamiento detallado se establecerá en directrices especiales que se elaborarán durante los próximos dos meses. El Gobierno también planea incorporar a pequeñas empresas especializadas, ya que podrían ser más eficaces en operaciones específicas.

Cualquier empresa que desee participar deberá depositar 1 millón de dólares en una cuenta de garantía, una suma que podrá ser confiscada si se detecta una infracción. Además, toda operación deberá realizarse con la aprobación de representantes del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la estricta supervisión del Gobierno federal.

Dificultades previstas

Según el memorando, deberá garantizarse que las acciones de las empresas privadas no estén dirigidas contra sistemas o ciudadanos ubicados en territorio estadounidense. Asimismo, las empresas participantes deberán advertir de inmediato al Gobierno sobre posibles ataques contra infraestructuras críticas, como las redes eléctricas y el suministro de agua.

Expertos y críticos temen que la participación de empresas privadas en operaciones de hackeo a nivel gubernamental provoque graves problemas legales y controversias en el futuro. A pesar de ello, la Casa Blanca destaca la necesidad de este enfoque innovador para garantizar la ciberseguridad.