El gobierno español anunció el 27 de enero de 2026 el lanzamiento de un programa de "legalización de emergencia" para migrantes que viven y trabajan en el país sin permiso. La ministra de Integración, Seguridad Social y Migración, Elma Sais, afirmó que la medida podría afectar a hasta 500.000 personas.
Según fuentes, la decisión se implementará mediante un decreto gubernamental de trámite acelerado y podría eludir una iniciativa similar que se encuentra estancada en el parlamento. Este enfoque demuestra una vez más que España se está alejando de una vía relativamente orientada a la integración, a pesar de la política migratoria cada vez más estricta en Europa.
¿Quién puede beneficiarse?
Según informes, los extranjeros que hayan solicitado protección internacional en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten haber residido en el país durante al menos 5 meses para esa fecha podrán recibir un permiso de residencia y trabajo de un año. También deberán acreditar su carencia de antecedentes penales.
¿Por qué se tomó esta decisión ahora?
Según diversas estimaciones, el número de residentes ilegales en España se cifra en cientos de miles; algunas estimaciones lo sitúan en hasta 800.000. La mayoría proviene de Latinoamérica y África y trabaja en la agricultura, el turismo y el sector servicios. El gobierno justifica esta decisión vinculándola con los derechos humanos, la integración y la estabilidad económica.
Según AP, España ya había recurrido a medidas para regularizar a los inmigrantes en varias ocasiones entre 1986 y 2005. En otras palabras, no se trata de un "experimento pionero", sino de una decisión de gran alcance y fuerte resonancia política.
La reacción política ha sido dura
La iniciativa ha recibido fuertes críticas de la oposición de centro y derecha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, calificó la decisión como un intento de cambiar la agenda del gobierno. El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, también ha criticado duramente la decisión en redes sociales.
¿Qué sucederá ahora?
De implementarse, la decisión podría llevar a la justicia a gran parte del mercado laboral español que trabaja en la sombra; esto es importante desde el punto de vista fiscal, de la seguridad social y de la supervisión. Pero el debate político no ha hecho más que empezar: por un lado, argumentos como el humanitarismo y la realidad económica chocan con argumentos como los controles fronterizos y el riesgo de los incentivos. En resumen, esta decisión convierte a España en un actor aún más visible en el debate migratorio europeo.
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