Una nueva ley firmada por el presidente ruso Vladimir Putin está causando revuelo en el ámbito jurídico internacional. El documento prohíbe estrictamente entregar a otros Estados a ciudadanos extranjeros que hayan servido en las fuerzas armadas rusas o participado en combates para su enjuiciamiento penal. Esta enmienda se introdujo en el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.
Detrás de esta iniciativa se encuentra la estrategia del gobierno ruso para aumentar su potencial militar. Un decreto de Putin del 8 de julio de 2025 otorgó a los extranjeros el derecho a firmar contratos con el ejército ruso durante la movilización, simplificando un proceso que se apoya en el decreto de movilización vigente desde septiembre de 2022.
Según la inteligencia estadounidense y centros de estudios europeos, Rusia recluta entre 30.000 y 40.000 nuevos militares al mes. Dmitry Medvedev confirmó el 2 de julio de 2025 que 210.000 personas habían firmado contratos con el Ministerio de Defensa desde principios de año.
Los expertos creen que la nueva ley actúa como un "escudo protector" para los mercenarios extranjeros. Esta medida, criticada por permitir que personas buscadas internacionalmente evadan la justicia, se presenta como una garantía de seguridad para quienes deseen servir en el ejército ruso.
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